ELECCIONES EN SANTA FE: Un paso más para la reelección de Pullaro

Unas elecciones legislativas marcadas por un doble objetivo: renovar parte del poder legislativo y avanzar hacia una esperada reforma constitucional que podría redefinir el sistema político de la provincia fueron los objetivos principales de esta elección santafesina. En el que se votó una renovación de bancas en la Cámara de Diputados y el Senado provincial y 69 representantes para llevar adelante la reforma parcial de la Constitución de Santa Fe, que fue aprobada por la Legislatura provincial en diciembre de 2024, cuando se sancionó la Ley de Necesidad de Reforma Constitucional, con mayoría calificada en ambas cámaras.

El dato relevante del domingo fue la baja participación electoral, que ya sabemos que es un síntoma que se viene acrecentando, lejos de llegar al millón de votos que en el 2023 le dieron el triunfo, Pullaro alcanzó casi 500 mil de los sufragios, con un poco más de 58% de concurrencia en las urnas. De todos modos, en el oficialismo aseguran que la concurrencia fue similar a la de las PASO de hace dos años. No sólo consolidó su posición en la Legislatura, sino que también obtuvo una mayoría significativa de convencionales constituyentes, lo que le garantiza protagonismo en el proceso de reforma. La oposición, representada principalmente por el peronismo santafesino y otras fuerzas provinciales, obtuvo representación, aunque sin capacidad de bloqueo frente a la mayoría oficialista, en el que la lista de la LLA quedó en tercer lugar, por debajo de las expectativas que tenía el gobierno nacional de trasladar las ideas libertarias a la provincia.

La reforma propone cambios en varios artículos, destacándose la ampliación de derechos fundamentales, la reestructuración del gobierno provincial y la modernización de los mecanismos de participación democrática. Sin embargo, una de las modificaciones más importantes es la que permitirá la habilitación a que gobernador y vicegobernador puedan competir por un segundo mandato consecutivo, algo que está prohibido también en la provincia de Mendoza. Ahora bien, habría que preguntarse: ¿Por qué es importante la reforma constitucional?

La actual Constitución de Santa Fe es originaria de 1962 y es una de las más antiguas del país, sin reformas sustanciales. La reforma impulsada por el gobierno busca actualizar el marco institucional y mejorar la calidad democrática de la provincia. Entre los puntos más relevantes que se proponen están: 

Reelección del gobernador: se habilita un segundo mandato consecutivo, aunque desde el oficialismo se dijo que estaría proscripto sobre el próximo gobernador, ya que Pullaro asumiría con las viejas normas constitucionales.

• Límites a la reelección: se fijan dos mandatos consecutivos como máximo para legisladores, intendentes y concejales.

• Eliminación de fueros parlamentarios: los legisladores podrían ser juzgados sin necesidad de desafuero, promoviendo una justicia más igualitaria.

• Ficha limpia: se impedirá que personas con condenas por corrupción o narcotráfico accedan a cargos electivos.

• Autonomía municipal: se busca fortalecer a los municipios, otorgándoles mayor poder de decisión y gestión.

• Equilibrio fiscal: se establecería por Constitución el principio de déficit cero.

• Reforma del Poder Judicial: se propone modernizar el sistema, incluyendo la creación de un tribunal de enjuiciamiento para jueces y fiscales, y la jubilación obligatoria para miembros de la Corte a los 75 años.

Con el objetivo de tener una mirada puesta en la transparencia, la eficiencia y la equidad, sienta un precedente importante en el escenario nacional, ya que Santa Fe es una de las provincias más pobladas y de mayor peso político del país. Su desenlace podría no solo cambiar las reglas del juego en Santa Fe, sino también marcar el camino para otras provincias que evalúan actualizar sus marcos institucionales.

La reforma constitucional provincial se inscribe dentro de un proceso legítimo de modernización institucional, pero no está exenta de riesgos políticos y tensiones estructurales. Desde el punto de vista jurídico, existen sólidos argumentos para actualizar una Constitución redactada en 1962, cuando el paradigma estatal, los estándares democráticos y los derechos de ciudadanía eran profundamente distintos a los actuales. Tal como sostiene Bidart Campos (1993), “una Constitución debe ser capaz de acompañar los cambios sociales, políticos y culturales, sin perder su carácter de norma fundamental”. Bajo esta premisa, incorporar principios como la “ficha limpia”, el equilibrio fiscal o la autonomía municipal se alinea con los estándares modernos de transparencia y buen gobierno.

Sin embargo, la implementación de la reforma genera preocupaciones legítimas. En primer lugar, porque el principal motor del proceso (la habilitación de la reelección del gobernador) podría indicar una utilización de la reforma para fines políticos inmediatos, en lugar de responder a un rediseño institucional. Esta tensión ha sido ampliamente advertida en la doctrina constitucional argentina, ya que, al tratarse de una reforma parcial, el proceso corre el riesgo de generar un desequilibrio sistémico: modificar la estructura de mandatos y la posibilidad de reelección sin revisar en profundidad los contrapesos.

Desde una mirada comparativa, otras provincias han atravesado reformas similares con distintos resultados. En Río Negro (2019) y Formosa (2003), reformas constitucionales impulsadas por oficialismos fuertes permitieron la reelección indefinida o extendida de los gobernadores, generando controversias sobre la calidad democrática del proceso. En contraste, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1996), la sanción de una nueva Constitución se realizó con mayor equilibrio político, incorporando mecanismos innovadores como la iniciativa popular o el control de constitucionalidad difuso.

Por todo esto, el desafío para Santa Fe no está solo en los contenidos de la reforma, sino en la calidad procedimental del proceso: transparencia, participación real de las minorías, audiencias públicas, y una discusión pública en el que los ciudadanos santafecinos puedan escribir su propia Constitución y no solamente aquellos que están en el poder.

Por Kiara Benitez