LAS CONTRADICCIONES DEL PRO EN CABA: Entre el Marketing Político y la Presión Fiscal

En un contexto parlamentario relativamente desahogado y al inicio de un año electoral crucial para el oficialismo, el presidente Javier Milei asume un rol protagónico en la campaña de La Libertad Avanza como la cara visible del partido. Esta estrategia tiene como objetivo polarizar con el kirchnerismo mientras sostiene un intento de negociación de alianza con el PRO, actualmente estancada y cada vez más debilitada. Durante la siguiente semana, el mandatario se presentará en diversas ocasiones junto a los candidatos de su partido en dos de los distritos más relevantes del país: la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Milei busca que La Libertad Avanza obtenga un primer triunfo en la elección porteña del 18 de mayo, superando ampliamente al PRO, con el que está intentando consolidar una alianza en el territorio bonaerense para hacerle frente a la imagen de Kicillof.

En un claro ejemplo de oportunismo político, el PRO ha comenzado a desplegar campañas publicitarias en la Ciudad de Buenos Aires promoviendo la Ley de Ficha Limpia como una de sus principales propuestas de cara a las elecciones legislativas de 2025. No obstante, esta movida ha generado severas críticas, ya que el mismo espacio político se alineó previamente con el bloque kirchnerista en el Senado para bloquear el tratamiento de dicho proyecto, impulsado por el gobierno de Javier Milei.

La inclusión repentina de la Ley de Ficha Limpia en la campaña del PRO es vista por muchos como un intento de apropiarse de una iniciativa con alto respaldo ciudadano, a pesar de haber obstaculizado su avance legislativo. Según una encuesta de la consultora Giacobbe & Asociados realizada en marzo de 2024, el 82% de los argentinos está a favor de prohibir que personas condenadas por corrupción accedan a cargos públicos, lo que explica el interés electoral en instalar el tema.

Desde hace más de 15 años, el PRO gobierna la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consolidando una mayoría legislativa que le ha permitido implementar su modelo de gestión, centrado en una visión empresarial del Estado, priorizando obras de infraestructura, desarrollo urbano y seguridad. No obstante, una de sus promesas más reiteradas —la reducción de la presión impositiva— ha quedado sistemáticamente incumplida.

Entre 2015 y 2023, la presión tributaria en la Ciudad aumentó un 35% en términos reales, según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). En particular, el impuesto a los Ingresos Brutos representa más del 70% de la recaudación local, afectando de manera directa a la actividad comercial, profesional y empresarial. Además, el ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) tuvo un incremento acumulado de más del 800% en la última década, muy por encima de la inflación general.

Este tipo de contradicciones entre discurso y acción política alimentan el escepticismo ciudadano y debilitan la credibilidad de las propuestas de campaña. En este contexto, la utilización de la Ley de Ficha Limpia como bandera electoral por parte del PRO ha sido interpretada por diversos analistas como una maniobra táctica más que una convicción genuina en favor de la transparencia.

Maria Eugenia Vidal, Mauricio Macri, Jorge Macri y Silvia Lospennato

El actual jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, presentó en su candidatura un discurso centrado en la eficiencia estatal, la racionalización del gasto y el alivio fiscal. No obstante, la realidad ha desmentido estas afirmaciones, ya que su administración ha aplicado aumentos significativos en impuestos fundamentales como la patente, el ABL y el impuesto inmobiliario, y contempló gravar con Ingresos Brutos a los profesionales, aunque posteriormente retrocedió.

La historia de aumentos impositivos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es nueva. Durante los dos mandatos de Horacio Rodríguez Larreta (2015–2023), se registraron incrementos sistemáticos en la carga tributaria que, año tras año, fueron erosionando el poder adquisitivo de los contribuyentes y afectando la competitividad del tejido productivo local. En lugar de revertir esta tendencia, la actual gestión de Jorge Macri no solo la ha consolidado, sino que en algunos aspectos la ha profundizado.

El problema de fondo no es meramente fiscal, sino estructural y político. El PRO ha construido gran parte de su identidad discursiva sobre la crítica al “Estado elefantiásico”, a la ineficiencia del gasto público y a los privilegios de la clase política. Sin embargo, una vez en el ejercicio del poder, ha reproducido muchos de los patrones que cuestiona. Esta disonancia entre el discurso electoral y la praxis gubernamental ha sido una constante a lo largo de sus gestiones.

Aunque los dirigentes del PRO suelen abogar por un alivio fiscal al sector privado y un Estado más ágil, la realidad administrativa porteña muestra otra cara. El presupuesto de la Ciudad para 2024 asciende a más de 5,5 billones de pesos, con un crecimiento interanual del 163%, según datos oficiales. Sin embargo, esta expansión no ha sido acompañada por un proceso de racionalización del gasto público.

Persisten estructuras duplicadas, organismos con funciones solapadas, partidas asignadas a programas de baja o nula evaluación de impacto, y subsidios que podrían ser perfectamente absorbidos por el sector privado. La planta de personal sigue siendo elevada: más de 150.000 empleados públicos en una jurisdicción con menos de 3 millones de habitantes permanentes, lo cual representa una de las ratios más altas del país en términos de empleados estatales per cápita.

Tampoco se ha avanzado en una estrategia de desregulación o modernización administrativa; el Estado porteño continúa funcionando con una lógica burocrática, costosa e ineficiente. Por ejemplo, los Ingresos Brutos —considerado uno de los tributos más distorsivos— representa el 72% de la recaudación local, lo cual contradice el discurso de fomentar la actividad privada y el emprendimiento.

Pese a sostener una base tributaria sólida y una estructura presupuestaria robusta, los sucesivos gobiernos del PRO en la Ciudad han optado por un modelo de gestión que algunos analistas describen como progresismo administrativo o “gerencialismo de centro”. Se destinan fondos a programas de inclusión social, políticas de género y campañas comunicacionales cuya eficacia real rara vez es auditada o medida con criterios objetivos.

La promesa original del macrismo (una gestión austera, eficiente y orientada a resultados) ha sido reemplazada por una administración que muchas veces privilegia el marketing político por sobre las reformas estructurales. El “Estado inteligente” que se proponía en los albores del PRO ha devenido en una burocracia consolidada, que opera bajo la lógica de la autosustentación fiscal a través de la presión impositiva.

Imagen tomada del estado de las calles en CABA

En este contexto, la administración de Jorge Macri no ha representado una ruptura con el pasado reciente, sino una reafirmación de la línea de continuidad: más impuestos, más gasto y más justificaciones. En contraste, el gobierno nacional ha iniciado un proceso de transformación que, con todas sus tensiones, busca avanzar hacia un modelo de país más competitivo, liberalizado y productivo, basado en principios de austeridad, libertad económica y reducción de privilegios.

Entonces... votar con conciencia no es solo elegir un candidato; es ejercer activamente el rol de ciudadano en una democracia representativa. Implica asumir la responsabilidad cívica de evaluar críticamente las trayectorias, decisiones y compromisos de quienes aspiran a ocupar cargos públicos. La política no puede reducirse a una disputa de slogans ni a una elección estética: exige coherencia entre las promesas y los hechos, entre el discurso y la práctica.

Desde la teoría política, el concepto de accountability democrática (o rendición de cuentas)  establece que los gobernantes deben ser controlables y sancionables por la ciudadanía, no solo en las urnas, sino a través del seguimiento continuo de sus gestiones. Cuando el electorado vota sin información o sin conciencia crítica, se debilita este principio y se legitiman prácticas alejadas del interés público.

En ese sentido, la participación informada y activa de los ciudadanos es un pilar fundamental para fortalecer la legitimidad del sistema democrático. Una sociedad que interpela a sus dirigentes, que exige transparencia y eficiencia, y que no convalida incoherencias entre el decir y el hacer, es una sociedad políticamente madura.

Solo con ciudadanos comprometidos, atentos y exigentes será posible construir una ciudad más transparente, equitativa y orientada al desarrollo sostenible. Porque en definitiva, la calidad de la democracia no depende únicamente de quienes gobiernan, sino también de la lucidez y responsabilidad de quienes eligen.

Por Kiara Benitez