IOSPER: La Turbia Obra Social de los Entrerrianos

El Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos de más de 300.000 afiliados atraviesa una de sus crisis más profundas de su historia. Irregularidades, contratos sospechosos y una auditoría impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio revelan un sistema que reclama a gritos modernización, transparencia, control ciudadano y algunos dirán motosierra.

En las últimas semanas, IOSPER ha vuelto al centro de la escena debido a una serie de denuncias, investigaciones y reclamos que ponen en tela de juicio la gestión de la obra social. El manejo discrecional de recursos y el acceso desigual a prestaciones médicas generan preocupación entre los afiliados y reclamos desde distintos sectores.

Uno de los episodios más significativos se dio a conocer en marzo, cuando se detectaron irregularidades en la contratación de servicios, con prestadores que cobraban montos elevados por prácticas no auditadas correctamente. A esto se suma la falta de acceso a medicamentos de alto costo, demoras en autorizaciones y una creciente lista de reclamos por atención insuficiente en distintas localidades de la provincia. Según datos publicados por medios locales, existen denuncias por posibles sobreprecios y favoritismos en la asignación de contratos, lo cual está siendo investigado por organismos de control.

Rogelio Frigerio, Gobernador de la provincia de Entre Ríos

El propio gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, denunció públicamente que se detectaron 1.041 prótesis pagadas por IOSPER que nunca fueron entregadas, generando un perjuicio millonario para la institución. Además, señaló que al menos 30 proveedores de medicamentos nunca realizaron una prestación a la obra social. Estas revelaciones se suman a la decisión del Gobierno provincial de intervenir la gestión y avanzar en una auditoría profunda del funcionamiento de IOSPER.

En el marco de estas medidas, también se anunció un acuerdo entre IOSPER y la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) para aumentar los honorarios de los profesionales sin incrementar el co-seguro, con el objetivo de eliminar el cobro de plus a los afiliados. Frigerio fue enfático al declarar que “ya no hay excusas para cobrar el plus” y advirtió que quienes lo hagan serán excluidos de la cartilla de prestadores. Estas acciones demuestran un claro interés por parte del Ejecutivo provincial en transparentar la gestión y mejorar la eficiencia del sistema.

La situación de IOSPER no es nueva, pero se ha agravado en los últimos tiempos. El malestar de los afiliados se ve reflejado en protestas de gremios estatales, denuncias públicas y en la creciente judicialización de tratamientos que no son cubiertos por la obra social. La falta de respuestas claras desde el directorio y la limitada comunicación oficial frente a los reclamos, no hacen más que profundizar la desconfianza.

Este escenario plantea una pregunta central: ¿Alguien controlaba realmente el funcionamiento de la obra social? ¿Qué responsabilidad se les puede imputar a ellos? ¿Cuáles son los mecanismos de auditoría interna y cuánto acceso tienen los afiliados a la información sobre el destino de sus aportes? En tiempos donde se discute el gasto público y la necesidad de optimizar recursos del Estado, la transparencia en IOSPER se vuelve una prioridad impostergable. La confianza en los distintos sectores del estado se construye con hechos. La salud no puede esperar.

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