GOBERNAR POR DNU: ¿Es Bueno o Malo?

 Gobernar por DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) se ha convertido en una práctica controvertida en nuestro país, ya que tensiona el equilibrio de poderes en un sistema democrático. Aunque esta herramienta está contemplada en la Constitución Nacional, específicamente en el artículo 99, inciso 3, el cual establece que en circunstancias excepcionales, en las que se haga imposible seguir el procedimiento constitucional para la sanción de leyes, el Poder Ejecutivo puede dictar decretos por razones de necesidad y urgencia. Estos deben ser decididos en acuerdo general de ministros junto con el jefe de gabinete, y posteriormente se someterán a la consideración de la comisión bicameral permanente para su tratamiento.

El origen de esta figura se remonta a la reforma de 1994 de la Constitución Nacional. Aunque los DNUs ya existían, la reforma estableció un marco regulatorio para su uso, imponiendo limitaciones y controles por parte del Congreso. Se establece que no pueden utilizarse en materia penal, tributaria, electoral o en lo que respecta al régimen de partidos políticos. Una vez que el presidente emite un DNU, este entra en vigor inmediatamente. Su análisis en ambas cámaras del Congreso puede resultar en tres respuestas: para ser rechazado, debe ser votado en contra en ambas cámaras; si solo una lo rechaza, el DNU sigue vigente; y si no se trata en un tiempo determinado, continúa aplicándose. 

En la práctica, no solo bajo el gobierno actual, sino también en la administración anterior, se ha utilizado esta herramienta en un contexto de emergencia, como el generado por la pandemia. Esto ha llevado a la emisión casi ilimitada de DNUs, lo que puede ser visto como una forma de eludir al Congreso, ya que en muchos casos estos decretos no se revisan adecuadamente o no se aceptan por falta de acuerdo legislativo.

Podríamos realizar un estudio comparativo sobre la cantidad de DNUs emitidos por los diferentes gobiernos democráticos en los últimos 20 años y contrastarlo con la administración actual, excluyendo los primeros años de cada gobierno. Esto podría proporcionar un resultado sobre cuál administración emitió más DNUs, pero ese no es el enfoque que deseo tomar en este momento (podemos dejarlo para otro día). Hoy me gustaría centrarme en por qué el uso de DNUs puede ser perjudicial para el sistema presidencialista argentino y para el poder legislativo. Este último es el órgano del Estado encargado de crear, modificar y derogar leyes; es fundamental para el sistema democrático, ya que garantiza la representación de la ciudadanía. Si no cumple con su función, debemos preguntarnos: ¿qué queda del equilibrio de poderes que nos enseña el sistema educativo, la sociedad civil y nuestra Constitución como ley fundamental del país?

El principio básico de toda democracia representativa es la separación de poderes, la cual sostiene que el poder del Estado debe dividirse en ramas independientes para evitar la centralización de poder y garantizar una democracia genuinamente representativa. Uno de los primeros en plantear esta idea fue John Locke, quien argumentó que para evitar la concentración de autoridad, el poder del Estado debía ser limitado para proteger la libertad individual. Posteriormente, Montesquieu desarrolló una teoría sobre la separación de poderes que está establecida en nuestro país (Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial). Según esta teoría, estos poderes deben actuar como contrapesos, evitando que uno se vuelva absoluto. Sin embargo, si la teoría confirma la necesidad de un equilibrio que se logra a través de mecanismos de control, ¿por qué en la práctica esto no se da? La primera respuesta que se me ocurre no tiene que ver con una tendencia ideológica, sino más bien con la estructura: nuestro país tiene un sistema presidencialista donde el Poder Ejecutivo cuenta con amplias facultades para avanzar rápidamente en su agenda sin depender de acuerdos legislativos. Esto se ha evidenciado en la administración actual, donde el Senado ha otorgado al presidente la capacidad de co-legislar, lo que anteriormente no había sucedido con ningún presidente. Esto le ha permitido "destrabar" negociaciones legislativas en la Cámara y, por ejemplo, aprobar un nuevo acuerdo con el FMI sin conocer las condiciones ni los montos del nuevo endeudamiento.

¿Cuáles son las consecuencias de gobernar por DNU? El uso excesivo y desmedido de los DNUs puede llevar a una erosión institucional, debilitando la confianza en los representantes elegidos y en la democracia misma. Esto favorece un sistema en el cual el Ejecutivo se vuelve dominante y puede derivar en la judicialización de la política, donde los decretos son constantemente impugnados ante la Corte Suprema, generando así inestabilidad legal. Esta breve explicación ha sido una mínima clase de derecho constitucional, pero es fundamental entender la importancia de respetar los distintos poderes, no solo por cuestiones ideológicas, sino sobre todo para garantizar la estabilidad democrática, fortalecer las instituciones y el respeto por las reglas del juego democrático de nuestro país.

Por Kiara Benitez