Otra Vez el FMI y el Fin de la Moratoria

La Cámara de Diputados aprobó el avance en nuevas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, buscando estabilizar los mercados y facilitar la liberación de controles de capital. La Cámara de Diputados aprobó un decreto que autoriza un nuevo acuerdo con el FMI, en el que Argentina ya enfrenta una deuda de 44.000 millones de dólares. El acuerdo propuesto contempla un préstamo aproximado de 15.000 millones de dólares, bajo un programa de Facilidades Extendidas con un plazo de pago de 10 años y un período de gracia de 4 años y medio. Esto significa que el pago de este nuevo préstamo quedará en manos del próximo gobierno que asuma en el país. Los fondos obtenidos se destinarán a fortalecer las reservas del Banco Central y a cancelar deudas del Tesoro Nacional, mejorando así la posición financiera de la entidad y facilitando la liberación de controles de capital. Se espera que el FMI discuta este nuevo préstamo durante una reunión informal la próxima semana en Estados Unidos con el presidente.

Mientras se discutía dentro del Congreso este nuevo acuerdo, afuera se llevó a cabo una masiva movilización en apoyo a los jubilados y en protesta contra las políticas de ajuste del presidente Javier Milei. A pesar de un amplio operativo de seguridad organizado por la Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y los funcionarios Luis Petri y Santiago Caputo, que incluyó controles en los accesos a la ciudad y un significativo despliegue policial, miles de personas se concentraron para expresar su rechazo a las medidas gubernamentales.

La manifestación contó con la participación de organizaciones sociales, gremios de la CGT, las dos CTA, los partidos de izquierda y, principalmente, jubilados y jubiladas, así como algunos autoconvocados que se reúnen semanalmente frente al Congreso, exigiendo una recomposición de las jubilaciones y el cese de la represión a la protesta social. Tras la anterior movilización, en la que se produjo una violenta represión que dejó heridos, esta nueva manifestación transcurrió de manera pacífica, evitando en lo posible confrontaciones con la policía.

Marcha de los jubilados (Imagen obtenida de VientoSurNoticias.com.ar)

La moratoria previsional en Argentina era un plan de pago para aquellas personas que no llegaban a los 30 años de aportes, permitiéndoles acceder a la jubilación mientras regularizaban sus aportes. Esta medida, sancionada como ley durante el gobierno de Alberto Fernández, posibilitaba completar los períodos faltantes descontándolos mensualmente de la jubilación por hasta un total de 120 cuotas. Con el fin de la moratoria, se estima que aproximadamente más de 200.000 personas no podrán jubilarse después del 23 de marzo debido a la falta de aportes suficientes, lo que afectará principalmente a las mujeres. Esta situación ha generado preocupación en los adultos mayores próximos a la edad jubilatoria.

Si bien existen alternativas como la PUAM, que permite acceder a la prestación a partir de los 65 años, esta solo equivale al 80% de la jubilación mínima, excluyendo derechos a pensión por viudez y siendo incompatible con otros ingresos. Esta situación plantea desafíos importantes para el sistema previsional argentino y para aquellos que buscan asegurar su sustento en la tercera edad, ya que no habrá aumentos adicionales de haberes para los jubilados ni actualizaciones de los bonos adicionales por temor a romper el equilibrio fiscal.

Esta precariedad en el sistema de jubilaciones claramente no es un problema de los últimos dos años, sino que viene arrastrándose durante los últimos gobiernos democráticos del país. Con el paso de los años y las hiperinflaciones que hemos atravesado, el sector de jubilados siempre es el más afectado. Ahora bien, si pensamos en la situación de los demás, es obvio que esta situación nos atraviesa, más aún si tenemos familiares cercanos que estarán perjudicados por estas decisiones políticas. Lamentablemente, existe un gran porcentaje de trabajo informal que, al ser informal, nunca llegamos a tener una cifra exacta de cuántas personas están en esta situación. Incluso, aún trabajando de manera dependiente, muchos empleadores no se dignaron a realizar los aportes correspondientes. También están las mujeres, que por diversas circunstancias, como las tareas del hogar, no accedieron a un empleo formal.

Esto genera una cadena de problemas que no solo afecta a los actuales jubilados y a aquellos próximos a jubilarse, sino también a los que, en los próximos años, deseen jubilarse habiendo trabajado en el sector informal sin saber por qué no se realizaron sus aportes. Es evidente que la jubilación es un derecho, pero también debería estudiarse por qué el trabajo informal sigue afectando a un gran porcentaje de la población argentina. Es necesario analizar este fenómeno para poder corregirlo y reducirlo, con el fin de contar en el futuro con trabajadores formales y próximos jubilados que hayan cumplido con los aportes exigidos por la ley.

Por Kiara Benitez